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Trump presentó la propuesta como un “gran negocio inmobiliario”, comparándola con la compra de Alaska en 1867. Su argumento era simple: Groenlandia es una enorme masa terrestre con valor estratégico y, por tanto, debería formar parte de los intereses de Estados Unidos. La reacción inicial fue de incredulidad, pero el debate reveló algo más profundo: el creciente peso geopolítico del Ártico.
El interés de Washington por Groenlandia viene de lejos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla, incluida la actual base de Pituffik Space Base (antes Thule). Desde allí se operan sistemas de alerta temprana y vigilancia, claves para la defensa frente a posibles amenazas provenientes de Rusia.
Groenlandia ocupa una posición central entre Norteamérica, Europa y el Ártico ruso. En un escenario de tensiones crecientes entre grandes potencias, esa ubicación la convierte en una pieza difícil de ignorar.
Hay tres factores principales que explican el interés estadounidense:
Posición geográfica. El deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas que acortan distancias entre Asia, Europa y América. Groenlandia domina varios de esos pasos.
Recursos naturales. Bajo el hielo hay importantes reservas de minerales críticos como tierras raras, titanio y tungsteno, esenciales para tecnología avanzada y defensa. Controlarlos reduce la dependencia de China.
Seguridad nacional. En el contexto de la competencia con Rusia y China, una mayor influencia en Groenlandia refuerza la proyección de poder de Estados Unidos en el Ártico.
Analistas geopolíticos como George Friedman han señalado que las grandes potencias buscan controlar “espacios pivote”. El Ártico, por su posición entre Eurasia y Norteamérica, encaja bien en esa lógica estratégica del siglo XXI.
La respuesta fue contundente. Autoridades danesas y groenlandesas repitieron que “Groenlandia no está en venta”. Encuestas muestran que alrededor del 85 % de la población local rechaza integrarse a Estados Unidos. Para ellos, no es solo una cuestión económica, sino de identidad y autodeterminación. Desde Europa también hubo críticas claras. Varios líderes recordaron que cualquier intento de anexión violaría el derecho internacional y pondría en tensión alianzas clave como la OTAN.
Aunque Trump llegó a insinuar que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida la militar, una anexión forzosa es poco realista. Dañaría gravemente la OTAN y el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Lo más probable es otro escenario: más presencia militar estadounidense, mayor inversión económica y presión diplomática, junto con un apoyo indirecto a una Groenlandia más autónoma de Dinamarca. No una anexión formal, sino influencia ampliada. En geopolítica, eso suele ser suficiente.
Hoy he visto este video Will Canada Become America’s 51st State? su URL es:
https://www.youtube.com/watch?v=Jox5DcBI2Hc
Después de esto me parece que la idea suena provocadora, y en parte lo es. En los últimos años apareció en el discurso político estadounidense, sobre todo asociada a comentarios de Donald Trump. A veces en tono de broma, a veces no tanto, Trump sugirió que Canadá podría unirse a Estados Unidos para simplificar el comercio, eliminar aranceles y reforzar la seguridad continental. Desde el inicio, la propuesta llamó la atención por una razón clara: implica que un país soberano deje de existir como tal para integrarse a otro. Eso, por sí solo, hace que valga la pena analizarla, aunque solo sea para entender por qué es tan poco realista.
En términos legales, el escenario es casi imposible. La Constitución de Estados Unidos permite admitir nuevos estados, pero solo con el consentimiento del territorio que se integra y del Congreso. En el caso de Canadá, esto implicaría que el país entero, sus provincias y su población aceptaran renunciar a su soberanía. No es un trámite. Es un obstáculo enorme, tanto jurídico como democrático.
Asimismo, se plantea el desafío práctico de la representación política. Canadá posee una población y un territorio más vastos que muchos estados actuales. La integración de este estado como una entidad única, con un número reducido de dos senadores, plantearía desafíos en términos de justificación y viabilidad. Por esta razón, algunos analistas han planteado la hipótesis de que cada provincia debería convertirse en un estado independiente. La implementación de este proyecto conllevaría la incorporación de entre 10 y 13 estados adicionales, lo que repercutiría significativamente en el equilibrio político de los Estados Unidos.
Aquí el rechazo es claro. En Canadá, entre el 80 y el 90 % de la población se opone a la idea, según encuestas. Solo una minoría muy pequeña estaría dispuesta a considerarla. En Estados Unidos tampoco hay entusiasmo generalizado. Para muchos canadienses, la propuesta amenaza elementos centrales de su identidad: el sistema de salud pública, las políticas sociales y una forma distinta de entender el rol del Estado. Para muchos estadounidenses, el problema es político: una anexión así alteraría el Congreso, el Senado y el Colegio Electoral de manera impredecible.
La integración de ambos países no se reduciría únicamente a un cambio de banderas. Canadá y Estados Unidos cuentan con sistemas de salud, estructuras fiscales, políticas migratorias y marcos legales independientes. Unificar estos sistemas requeriría de reformas significativas y complejas, que podrían generar controversia. Asimismo, se identifican desafíos económicos específicos, tales como la estabilidad del dólar canadiense, los derechos laborales, las pensiones y la protección de las minorías culturales, como la lengua francesa en Quebec. Es importante tener en cuenta que estos procesos no son fáciles ni rápidos.
¿Puede Canadá convertirse en el estado 51? En la práctica, no. Las barreras legales, políticas y sociales son demasiado grandes. No hay apoyo popular y las consecuencias serían enormes para ambos países. Más que una propuesta real, esta idea funciona como un ejercicio retórico. Sirve para hablar de poder, soberanía y de hasta dónde llegan —o no— las bromas cuando entran en el terreno de la política internacional.
La visión que plantea George Friedman, junto con el think tank Geopolitical Futures, sobre la política exterior de Estados Unidos hacia su entorno más cercano se apoya en un enfoque sobrio, pragmático y claramente estratégico. No se trata de una política impulsada por discursos morales ni por proyectos idealistas de transformación social, sino por una gestión realista de los riesgos geopolíticos y de seguridad, con una prioridad clara: el Hemisferio Occidental.
Según Friedman, la etapa de intervenciones globales costosas y prolongadas ha quedado atrás. En su lugar, Estados Unidos avanza hacia una estrategia centrada en consolidar la seguridad de su entorno inmediato, lo que comúnmente se denomina su “patio trasero”. El objetivo principal es mantener la preeminencia en el Universo Occidental y reducir la implicación directa en conflictos del llamado Este global, como los de Europa o Medio Oriente.
Este giro no implica aislamiento, sino una recalibración de la política exterior. Washington ya no busca dominar políticamente a su entorno regional, sino evitar que la inestabilidad cercana se convierta en una amenaza directa para sus intereses estratégicos y su seguridad nacional.
La lectura de Friedman marca una separación clara entre aspiraciones ideológicas y objetivos prácticos. Estados Unidos ya no pretende exportar modelos políticos o sociales, sino garantizar un nivel mínimo de estabilidad, administrar riesgos y bloquear posibles focos de amenaza. Esta lógica se expresa en varias prioridades concretas.
Un país que colapsa políticamente o cae en una espiral de violencia descontrolada representa un riesgo potencial para Estados Unidos. Por ello, la política exterior tiende a enfocarse en contener el desorden antes de que alcance niveles críticos, en lugar de invertir recursos en grandes planes de desarrollo o reconstrucción institucional.
Una preocupación constante para Washington es el control de la migración irregular y de las redes criminales transnacionales. Estos fenómenos impactan directamente en la frontera sur y en la estabilidad interna del país. Por esa razón, se prioriza su contención práctica antes que impulsar transformaciones profundas en los países de origen.
Más allá del crimen organizado, Estados Unidos observa con atención la presencia de actores geopolíticos como China o Rusia en América Latina. Desde esta óptica, su avance podría debilitar la hegemonía regional estadounidense. Este factor refuerza una política basada más en la contención estratégica que en la intervención directa.
Una de las ideas más directas de Friedman es que, en la práctica, Estados Unidos no concibe a América Latina como un socio político o económico equivalente, sino como una zona de amortiguamiento geoestratégico. Esto se refleja en varios puntos clave:
· Tolerancia a modelos políticos diversos: Washington puede aceptar gobiernos ineficientes o incluso disfuncionales, siempre que no representen una amenaza directa.
· Intervención selectiva y pragmática: La intervención solo ocurre cuando la situación se vuelve demasiado inestable o peligrosa.
· Relaciones bilaterales antes que grandes alianzas: Se privilegian acuerdos prácticos y específicos en lugar de proyectos regionales ambiciosos.
En términos simples, Estados Unidos no busca reconstruir América Latina siguiendo un modelo europeo o norteamericano. Su interés central es evitar colapsos que pongan en riesgo sus intereses vitales.
Dentro de esta estrategia pragmática, México ocupa un lugar especial. Su cercanía geográfica, la profundidad de su relación comercial y su impacto directo en temas migratorios y de seguridad hacen que su estabilidad sea más relevante para Washington que la de la mayoría de los países del continente.
Esto se traduce en varios elementos concretos:
· Presión constante, pero cooperación inevitable, en comercio, migración y narcotráfico.
· Incentivos claros para preservar la estabilidad institucional mexicana.
· Evitación de escenarios de colapso estatal que puedan desbordar la frontera sur.
Aunque la política exterior estadounidense no gira exclusivamente en torno a México, su peso estratégico es mayor que el de países más alejados del norte del continente.
En Centroamérica y el Caribe, la lógica es similar: evitar que estos territorios se conviertan en corredores ingobernables para la migración irregular y el crimen organizado, y limitar la influencia de actores externos. No se trata de promover desarrollos profundos, sino de administrar riesgos.
Sudamérica, en cambio, ocupa un lugar de menor prioridad estratégica directa. Su distancia geográfica y la falta de cohesión política regional reducen su capacidad de representar una amenaza inmediata o de exigir una implicación constante por parte de Washington. En esta región, la política estadounidense tiende a ser más distante y selectiva, enfocada en relaciones económicas puntuales y con baja intervención política.
Según George Friedman y Geopolitical Futures, la política estadounidense hacia América Latina se caracteriza por un enfoque práctico y realista. En lugar de imponer modelos o influir políticamente en los países de la región, Estados Unidos busca garantizar la estabilidad del entorno para proteger su propia seguridad. Para ello, gestiona riesgos estratégicos y preserva su liderazgo en el Hemisferio Occidental a través de acciones puntuales y acuerdos colaborativos.